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El Congreso ha aprobado la proposición de ley para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil que tiene el objetivo de acelerar el proceso contra la ocupación ilegal en España.

Los propietarios de las viviendas cuando sean conscientes de que esta ha sido ocupada podrán pedir: “La inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento».

Así lo enuncia la nueva ley apoyada por los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, que fue el impulsor de esta reforma.

La reforma está redactada con el propósito de beneficiar a las viviendas de personas físicas, a las de entidades sociales y a los hogares que poseen las administraciones públicas.

La modificación busca combatir “la existencia de mafias okupas que se aprovechan de la vulnerabilidad ajena” como ha señalado Lures Ciuró del PDeCat.

Lo más destacable de esta modificación es la agilización del proceso de desalojo que se producirá en menos de 20 días.

Esta nueva ley, para evitar la ocupación ilegal, no afectará a las personas que no pueden pagar el alquiler ni la hipoteca sino que luchará contra los grupos criminales y movimientos antisistema.

El nuevo procedimiento permitirá al propietario, una vez detectado la ocupación de su vivienda, denunciar ante las autoridades.

Estas enviaran una notificación a los okupas para que justifiquen su estancia en el inmueble que tendrá que estar fundamentada únicamente en la existencia de un título.

Sin el contrato, “el tribunal ordenará mediante un auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda”, ante esta decisión no cabrá ninguna apelación posible y “se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encuentren en ese momento en la vivienda».

Esta ley intenta parecerse a las del resto de países de Europa que están en esta línea.

Tanto la ley francesa como la de Reino Unido dan mayor potestad a la policía, que tiene permiso de expulsar a los ocupantes sin necesidad del permiso de un juez si no han pasado más de 48 horas.

En Alemania los okupas son castigados con 1 año de cárcel o una multa económica y si se ha empleado la violencia para entrar puede llegar has los dos años.